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Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas bajaron un 12,4% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2015, hasta sumar 1.279, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada el pasado lunes.
El plan de liquidación y la posibilidad de la subasta judicial. Prescindiendo de la posibilidad que otorga el artículo 191 ter LC, de que sea el propio deudor quien con la solicitud de declaración de concurso y liquidación presente una propuesta de enajenación de la unidad productiva con una propuesta vinculante conforme al artículo 190.2. Corresponde a la administración concursal preparar el plan de liquidación, partiendo del inventario de la masa activa, anexo al informe definitivo, incluidos los bienes y derechos adquiridos por rehabilitación de contratos de adquisición de bienes con precio aplazado, así como de las acciones de reintegración o de impugnación. La administración concursal una vez descartada la venta de la unidad productiva, goza de libertad para elegir las alternativas de liquidación que considere más apropiadas, atendiendo a la naturaleza de los bienes y derechos, la finalidad perseguida con la liquidación, los intereses existentes en el procedimiento…y como contraprestación le es exigible una especial diligencia a la hora de confeccionar el itinerario de la liquidación, sin que se limite a remitirse a las reglas generales de la ejecución o vía de apremio de la LEC, puesto que éstas como veremos tienen difícil encaje en la liquidación concursal.
Las cantidades correspondientes a las costas a cuyo pago sea condenada la parte contraria en aquellos procedimientos judiciales en los que intervenga la administración concursal, bien en propio nombre, bien en representación del concursado, se integrarán en la masa activa, sin que la administración concursal tenga derecho a percibir cantidad alguna por este concepto, según se establece en el nuevo borrador de Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la administración Concursal, de 15 de julio de 2015.