El Consejo de Ministros ha aprobado Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda en España y pasará a las Cortes para su tramitación y aprobación parlamentaria. Esta ley regulará diferentes ámbitos del sector inmobiliario como ayudas al acceso a la vivienda, regulación de los desahucios, creación de la vivienda asequible o la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas. Detallamos la nueva Ley de vivienda en España.
Nueva ley de vivienda 2022
Esta ley regulará diferentes ámbitos del sector inmobiliario como ayudas al acceso a la vivienda, regulación de los desahucios, creación de la vivienda asequible o la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas.
Ahora el proyecto de ley pasará a las Cortes para su aprobación, la cual se ha solicitado la tramitación de urgencia.
Dicho Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda en España y pasará a las Cortes para su tramitación y aprobación parlamentaria, pudiendo tener modificaciones durante su tramitación.
A continuación detallamos algunos aspectos importantes de dicha ley de vivienda 2022.
Puntos clave sobre la nueva ley de vivienda
- Alquileres públicos en las nuevas promociones de viviendas.
- Ventajas fiscales para pequeños propietarios para bajar el precio de alquiler.
- Más impuestos para las viviendas vacías.
- Limitación del alquiler a viviendas de grandes propietarios.
- Regulación de los desahucios.
- Definición de zona de mercado tensionado.
- Imposibilidad de cambiar la calificación de vivienda pública.
Una vivienda digna es aquella que es habitable, que es accesible, que es eficiente energéticamente y que garantiza, también, el acceso a los suministros básicos sin que su disfrute suponga un esfuerzo financiero inasumible por parte de los ciudadanos.
De esta manera se refuerza el concepto de vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución Española.
De esta forma, el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda constituye la respuesta por parte del Estado a la obligación que le incumbe, en el marco de sus competencias constitucionales, de proteger el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y a su disfrute.
Nueva ley de vivienda 2022
Alquileres públicos
Las nuevas promociones de obra nueva deberán contar con una reserva del 30% de viviendas destinadas al parque público, siendo la mitad de este porcentaje destinado al alquiler social.
Ventajas fiscales para reducir el precio del alquiler
Los pequeños propietarios (con menos de 10 viviendas en su poder) podrán optar a grandes descuentos e incentivos fiscales con el fin de incentivar la bajada del precio de alquiler en sus viviendas. Cuanto más se reduzca la renta del alquiler, más bonificación se obtiene por el pequeño propietario.
Incremento de los impuestos para las viviendas vacías
Para incentivar el alquiler de estas viviendas a aquellas que lleven vacías más de dos años para propietarios con más de cuatro viviendas en el mismo municipio, el Gobierno permitirá a los Ayuntamientos que puedan aumentar la tasa del IBI para viviendas que estén vacías con un recargo de hasta el 150%.
Limitación del alquiler a viviendas de grandes propietarios
Los grandes propietarios, que son aquellos propietarios personas físicas o jurídicas que tengan más de 10 viviendas en su propiedad o con una superficie construida de más de 1.500 m2, deberán adaptar el precio de sus alquileres al índice de referencia de la zona donde se encuentra para aquellas viviendas que se encuentren en las denominadas zonas tensionadas, limitando el precio del alquiler al precio del contrato anterior, aunque esta bajada de precios solo se aplicará a los grandes propietarios que sean personas jurídicas.
A partir de la aprobación de ley se dará un plazo de 18 meses para establecer cómo será este índice de referencia del precio del alquiler.
Regulación de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad
Tanto de procedimientos jurídicos como de los contratos de alquiler cuando haya situaciones de vulnerabilidad. Realizar mejora en la comunicación entre los jueces y los servicios sociales para que sea más rápida y efectiva.
Así, se podrá promover que los servicios sociales den una respuesta habitacional a aquellos hogares vulnerables por parte de los municipios, Comunidades Autónomas o del Estado.
Para dar tiempo a que se puedan resolver estas situaciones se amplía de uno a dos meses el plazo de lanzamiento de los desahucios cuando el propietario de la vivienda es una persona física y de tres a cuatro meses cuando el propietario es una empresa.
Imposibilidad de cambiar la calificación de vivienda pública
A partir de esta ley se considera el parque público de vivienda social patrimonio por lo que queda protegido permanentemente y no podrá ser enajenado. Así se ofrece protección a esos hogares afectados por esa posible enajenación de la vivienda social que se ha producido hasta ahora.
Se establece la calificación indefinida de la vivienda protegida garantizando siempre un periodo de treinta años. Se fijan a nivel estatal unas condiciones básicas, definiendo un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelo calificado de reserva. En el resto de supuestos, se fija un plazo mínimo de descalificación de 30 años.
Fuente: Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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