30 Jun 2015

Parlamentarios se comprometen derogar prisión permanente

Parlamentarios se comprometen derogar prisión permanente

Por primera vez desde 1978 todos los grupos parlamentarios, salvo el que sustenta al Gobierno, se han unido para llevar al Tribunal Constitucional una norma. PSOE, Convergencia, Unió, PNV, UPyD, Izquierda Plural y la mayor parte del Grupo Mixto han firmado el recurso contra el Código Penal que contiene la prisión permanente revisable, equivalente a la cadena perpetua.

Prisión permanente revisable

Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, se han comprometido a derogar esta nueva norma que entre en vigor el 1 de julio, junto a la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. “No se aplicará nunca en España”, ha asegurado el portavoz de Justicia del PSOE, Antoni Such.

Para Convergencia es una “norma excepcional, fruto de populismo penal”; para Unió es fruto de una posición ideológica del PP; para IU un “golpe constitucional con leyes autoritarias”; para el PNV se rompe la “seguridad jurídica” y para UPyD es una “insensatez”.

El recurso afecta a 11 artículos y considera que contraviene la prohibición de penas inhumanas (artículo 15.1 de la Constitución); vulneración de los principios de proporcionalidad y de culpabilidad y, en consecuencia, el derecho a la libertad (artículo 17); contraria al principio de legalidad penal (artículo 25.1) porque no es una pena determinada; contraria al mandato de resocialización (artículo 25.2 CE), por cuanto prácticamente restringe toda posibilidad de reinserción.

Revisar las condenas

El Ministerio de Justicia explica que la nueva pena supone revisar la condena cada 25 años, con posibilidad de optar a beneficios penitenciarios, lo que necesariamente no es más duro que los 40 años previsto ahora para delitos muy graves. Explica Justicia que el Código Penal tuvo los informes favorables en este punto del Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

El nuevo Código Penal ha sido aprobado solo con los votos del PP e incluye también como novedad la desaparición de las faltas. Una parte de ellas pasa a ser delitos leves y otra se convierte en conductas sancionables administrativamente, es decir, sin intervención judicial previa. La ley de seguridad Ciudadana o ley mordaza, que regula esas sanciones administrativas, también fue recurrida por los grupos al Constitucional, aunque CiU y PNV no firmaron la apelación por motivos políticos.

El Gobierno argumenta que se trata de desatascar los juzgados. Por el momento, la entrada en vigor del nuevo Código supone la revisión de miles de casos pendientes en los juzgados, lo que ha provocado la protesta de jueces y fiscales. Por ejemplo, se archivará en el juzgado el procedimiento contra Esperanza Aguirre por desobediencia leve a agentes de movilidad.

Reforma Código Penal

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, advierte de que la reforma del Código Penal que entra en vigor  provocará problemas de gestión y atascos judiciales por la falta de adaptación del sistema informático.

En el nuevo Código un grupo de 16 delitos menos graves pasan a ser delitos leves por un error en la tabla de penas. El Ministerio de Justicia ha descartado la posibilidad de resolver este error con enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está en trámite. No lo hace por falta de tiempo y eso tendrá efectos en el procedimiento con el que que serán enjuiciados y los plazos de prescripción.

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