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El vigente Código Penal introduce la pena de prisión permanente revisable como una pena privativa de libertad grave que puede ser impuesta sólo en supuestos de excepcional gravedad -el asesinato cualificado, la muerte del Rey o del heredero, la muerte por atentado terrorista, la muerte del jefe de estado extranjero o persona internacionalmente protegida por tratado, y la muerte, agresiones sexuales o lesiones graves de una persona en delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad-.
Las nuevas obligaciones que establece el Código Penal a las empresas suponen incrementar el control sobre los trabajadores. Para ello, habrá que tener en cuenta la legislación y la jurisprudencia al respecto.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha calificado de “avance fundamental para las garantías procesales” la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una norma que sirve “no sólo a las personas físicas sino también a las entidades contra las que puede dirigirse el proceso judicial”.
El nuevo Código Penal recogerá las enmiendas planteadas por las organizaciones empresariales destinadas a poner freno a los hurtos llevados a cabo por profesionales, bandas organizadas o delincuentes multi-reincidentes.