El Código Penal introdujo una serie de delitos, entre los que se encuentran todos los delitos que se engloban bajo la denominación de tráfico de influencias. Son delitos contra la Administración Pública y tratan de preservar la objetividad e imparcialidad de los funcionarios y autoridades en el ejercicio de su función y el correcto funcionamiento de las administraciones públicas. Tratan de evitar comportamientos abusivos y de prevalimiento en que pueden incurrir los cargos y funcionarios públicos y constituyen una manifestación de la lucha contra todos los episodios de corrupción administrativa.