Abogados en Tenerife desde 1954
La abogacía preventiva promueve la buena salud jurídica: el reconocimiento de los derechos del cliente así como la reducción de una futura litigiosidad y en cualquier caso un ahorro económico. Las empresas, pymes, profesionales y particulares piden a los abogados esa capacidad de anticipación para ver la fórmula más rápida de resolver el conflicto.
La nueva Ley del Suelo entró en vigor el pasado mes de enero y, con ella, llegan también novedades en uno de los más vidriosos aspectos en las disputas sobre propiedades: los métodos de valoración.
Los abogados reclaman un pacto de Estado para solucionar la crisis «muy grave y profunda» de la justicia y, en un 95 por ciento, consideran que la corrupción en España es muy elevada, está concentrada en la vida pública y es «inadecuadamente combatida».
La Comisión de Economía y Competitividad del Senado, con competencia legislativa plena, ha dado luz verde a la Ley de Segunda Oportunidad.
La reforma mejorará la calidad de las resoluciones judiciales y ofrecerá una respuesta más ágil al ciudadano, con mecanismos para la modificación de las normas de reparto en determinados juzgados. Asimimos, introduce el apoyo al juez instructor en las causas complejas o la especialización de órganos judiciales para la resolución de asuntos que generan gran número de demandas.
Como consecuencia de la crisis económica, las empresas proveedoras de la Administración se han visto obligadas cada vez más a recurrir a los jueces y tribunales para exigir de las Administraciones Públicas el pago de sus facturas, multiplicando las reclamaciones y aumentando así la ya alta litigiosidad existente.