Abogado desahucios Canarias. Gestionamos el desahucio de inquilinos y okupas. Reclamación de rentas y suministros con abogado desahucios Canarias.
Desahucio por expiración del plazo contractual. Procedimiento de desahucio por expiración del plazo fijado en contrato. El desahucio por expiración del plazo previsto se trata de un procedimiento judicial en el que el arrendador pretende la recuperación del inmueble una vez finalizado el plazo contractual fijado por las partes o legalmente.
¿Qué es un desahucio y cómo se produce? El desahucio es un tipo de procedimiento judicial donde se reclaman las rentas impagadas por parte del inquilino, consumos y el desalojo de la propiedad. Pero ¿cómo se produce un proceso de desahucio? Le damos a conocer los tipos de desahucios: desahucios por impago de rentas de alquiler, desahucios…
Desahucio por impago de alquiler. Desahucio Express Tenerife por Impago del Alquiler, ya sea frente a inquilinos o frente a okupas, desahucio por falta de pago, impago de suministros, uso inadecuado de la vivienda o local, incumplimiento contractual, subarriendos inconsentidos, desahucio por precario, mal uso de la vivienda, desahucio por finalización contrato, desahucio por impago…
Régimen jurídico aplicable al arrendamiento de vivienda. Nuestros abogados en Tenerife le dan las claves sobre el Régimen jurídico aplicable al arrendamiento de vivienda desde 19 diciembre de 2018. Modifica cinco Leyes, reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, en concreto la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda. Por otro, modifica algunos aspectos…
Desahucio: concepto, clases y forma. El juicio de desahucio es un procedimiento judicial que tiene por objeto la recuperación por el arrendador de una finca dada en arrendamiento. Le contamos en qué consiste un desahucio por falta de pago, desahucio en precario o desahucio por finalización de contrato, qué hacer antes de demandar y qué…
¿Están protegidos intereses arrendatarios tras Reforma 4/2013?. La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos referida a viviendas, que entró en vigor en junio de 2013, pone en duda la protección del arrendatario ante una ejecución hipotecaria.