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Paternidad y Filiación en Tenerife. La prueba de paternidad tiene como objetivo acreditar la filiación, es decir, el vínculo biológico entre padres e hijos. Normalmente, dicha prueba se realiza en los siguientes casos: Desconocer o dudar sobre si un hijo es biológicamente propio y sospechar que el padre biológico no es el padre oficial.
Dieselgate, caso Volkswagen. Un juez condena al fabricante y al vendedor a devolver el precio abonado por el comprador, 19.378 euros más los intereses legales, y al comprador a la devolución del coche. Se trata de una sentencia pionera en España ya que, hasta el momento, lo máximo que habían reconocido los tribunales era una indemnización a los afectados de entre 500 euros y el 10% del valor del vehículo. Esta sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, establece que existe un vicio en el consentimiento del comprador y ello invalida el contrato de compraventa suscrito entre las partes.
No se cumple el requisito de ser acreedora de una pensión compensatoria, necesario para que las personas separadas o divorciadas accedan a la pensión de viudedad, si existe una aportación patrimonial de pago único pactada en el convenio regulador.
El Divorcio Express, es un término utilizado para definir el divorcio de mutuo acuerdo y en el que la sentencia o resolución de ruptura del vínculo matrimonial se produce en breve plazo de tiempo. Alvarez Abogados Tenerife, somos abogados expertos en Divorcio Express, Divorcios mutuo acuerdo y contenciosos, Especialistas en Familia, siendo reconocidos abogados matrimonialistas en Tenerife.
La expresión due diligence hace referencia al proceso de investigación sobre el objeto del negocio para descubrir posibles riesgos ocultos que puedan perjudicar los intereses del adquirente. El ámbito tradicional, y donde se desarrolló el concepto, fue en la compraventa de empresas, pero como metodología de trabajo, cuya finalidad es la detección de posibles riesgos jurídicos, considero que resulta plenamente aplicable a cualquier negocio jurídico de cierta entidad y la compraventa de un inmueble lo es.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina legal que la Administración tiene potestad para sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios “sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil” sobre la abusividad de dichas cláusulas.