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Abogados. Confíe en nuestros abogados. +65 años de experiencia nos avalan. Nuestros abogados le darán solución a las cuestiones que le preocupan.
¿Qué son conceptos jurídicos fundamentales? ¿Qué son? Son instrumentos imprescindibles del jurista y del legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico. En todo derecho intervienen los conceptos jurídicos fundamentales. Sin ellos no se puede abordar un problema jurídico. Todas las áreas de derecho parten de los conceptos.
Nuevo Código Deontológico Abogacía Española. La Abogacía Española cuenta con un nuevo Código Deontológico. En su reunión celebrada el 6 de marzo de 2019 el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española aprobó un nuevo Código Deontológico, que entró en vigor el pasado 9 de mayo de 2019. Destacamos las novedades para todos los abogados en Tenerife y para España en general.
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Consciente de que, como ya dejé dicho hace unos días, con el mismo título, en este propio medio informativo, “UNA JUSTICIA TARDIA, por muy justa que sea, NI JUSTA ES”, no quiero cejar en el empeño de intentar contribuir, con mi modesta colaboración, a la separación definitiva de este vicio pernicioso que la aqueja y desprestigia. A cuya misión estamos llamados especialmente quienes encabezamos el patronazgo, Abogados y Procuradores, de la defensa de los derechos de los ciudadanos, víctimas directas, pero no únicas, de la morosidad judicial.
Alvarez Abogados Tenerife inteligencia artificial y legaltech. Alvarez Abogados Tenerife ha comenzado su transformación digital para seguir manteniendo su ventaja competitiva en el mercado, centrándose en mejorar la eficiencia, los procesos de trabajo diarios para avanzar en su crecimiento, reforzar la seguridad y finalizar el uso total de papel.
Pro Iustitia. Desde que en 1948 inicié los estudios de la Carrera de Derecho y adquirí uso de razón jurídica, vengo escuchando las quejas, a las que inevitablemente he tenido que unir las mías propias, consecuentes, a la salvo excepciones, podríamos decir endémica morosidad del quehacer procedimental de nuestra Administración de Justicia, de siempre achacada a la falta de medios. Tan habitual ha llegado hacerse este grave defecto en la función judicial, que es la propia Constitución Española vigente la que admoniza en su artículo 24 sobre «las dilaciones indebidas» en la tramitación procesal. Y cae ya en lo esperpéntico que el Código Penal, lejos de sancionarla, la haya estatuído en la atenuante sexta de su artículo 21.