Desde que en 1948 inicié los estudios de la Carrera de Derecho y adquirí uso de razón jurídica, vengo escuchando las quejas, a las que inevitablemente he tenido que unir las mías propias, consecuentes a la salvo excepciones, podríamos decir endémica morosidad del quehacer procedimental de nuestra Administración de Justicia, de siempre achacada a la falta de medios. Tan habitual ha llegado hacerse este grave defecto en la función judicial, que es la propia Constitución Española vigente la que admoniza en su artículo 24 sobre “las dilaciones indebidas” en la tramitación procesal. Y cae ya en lo esperpéntico que el Código Penal, lejos de sancionarla, la haya estatuído en la atenuante sexta de su artículo 21.
