Abogados en Tenerife desde 1954
La actividad de facilitar en un servidor web los enlaces o links a otras páginas que permiten el acceso de los usuarios a obras protegidas por los derechos de autor, supone un acto de «comunicación pública» de dichos contenidos y conlleva una pena de seis meses a cuatro años de prisión, además de multa de 12 a 24 meses. Así lo determina la Fiscalía General del Estado en la Circular del 21 de diciembre de 2105.
La compensación que se fija para los propietarios de suelo rural sujeto a primera urbanización no guarda equilibrio con el valor real del bien expropiado, tal y como establece el artículo 33.3 de la Constitución Española, por lo que el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado nulo el artículo que lo regula, el 25.2.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS).
Mucha gente piensa que únicamente se necesita un abogado cuando estamos metidos en un conflicto que va camino de convertirse en un juicio y que nuestra última salvación es contratar a un abogado. Esto viene porque sentimos miedo de esa palabra y tendemos a pensar que si necesitamos un abogado es porque nuestro problema es muy grande, cuando esa no es la realidad. Al necesitar un abogado, ¿quién no ha pensado alguna vez “pues si que está mal la cosa para tener que contratar un abogado«? o tal vez al contrario “yo no necesito un abogado, la cosa no pinta tan mal». Todos estos pensamientos son erróneos.
El Gobierno ha aprobado una serie de cambios legislativos que afectan directamente a las compañías, que deben adaptarse al nuevo Código Penal, a la Ley de Sociedades de Capital o a la Ley de Auditoría.
El Registro está abierto a abogados y abogadas especialistas en Extranjería y Asilo. Más de 1.000 abogados y abogadas de toda España se han inscrito en el Registro puesto en marcha el viernes 4 de septiembre por el Consejo General de la Abogacía Española para dar asistencia jurídica a las personas refugiadas y desplazadas que han llegado a Europa a causa de los conflictos armados.
La legislación española puede obligar a las entidades de crédito a aplicar medidas de diligencia debida a las entidades de pago en situaciones distintas de las previstas en la Directiva, siempre que estén justificadas y se ajusten al Derecho comunitario, según se afirma en las conclusiones de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -asimilable a la figura del instructor en España-, Eleanor Sharpston.