15 Jun 2016

BCE obliga bancos reconocer cláusulas suelo

BCE obliga bancos reconocer cláusulas suelo

Las seis principales entidades españolas pasarán este mes de julio un nuevo test de estrés o análisis de solvencia dirigido por el Banco Central Europeo (BCE). Una institución que recientemente ha obligado a Santander, CaixaBank, BBVA, Bankia, Sabadell y Popular a incluir el impacto que tendría en sus cuentas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciara en apenas cuatro semanas a favor de los clientes en el contencioso por las cláusulas suelo.

Obligados a reconocer perdidas por Cláusulas suelo

La decisión del alto tribunal tendrá lugar el próximo 12 de julio y, en el caso de ser contraria a los intereses de la banca española, tendría un coste de entre 5.000 y 7.600 millones en concepto de compensaciones, según un estudio del Banco de España. Hasta el momento, el Tribunal Supremo de España ha declarado nulas las cláusulas suelo en contratos hipotecarios, pero ha limitado la devolución de las cantidades indebidamente cobradas a partir del 9 de mayo de 2013. Esa fue la fecha en que condenó a BBVA, Novagalicia y Cajamar sin carácter retroactivo, pero otras entidades como CaixaBank, Sabadell y Popular también utilizaban esta estrategia para ganar más dinero a costa del bolsillo de sus clientes.

Ahora, en una petición reciente, el BCE ha obligado a BBVA, CaixaBank, Popular, Sabadell y Bankia -Santander es el único que nunca aplicó este tipo de cláusulas abusivas– a incluir en el test de estrés el impacto que tendría la decisión final del tribunal europeo. De momento, solo ha exigido que incorporen en sus cálculos de capital el daño que supondría esta sentencia con carácter retroactivo hasta el 9 de mayo, pero el organismo judicial de la Unión Europea podría sancionar que el citado producto hipotecario fue nocivo para los consumidores desde el primer día -se empezaron a aplicar desde 2009- y no solo desde la resolución del Tribunal Supremo español.

Clausulas suelo en España

BBVA eliminó las cláusulas suelo de sus 425.000 afectados desde el mismo día en que recibió la notificación del Supremo y ha descartado tener que hacer ninguna provisión adicional, al considerar que su caso ya está juzgado. En el caso de que Bruselas dictara que deberían retrotraerse hasta 2009, el coste para el banco dirigido por Francisco González rondaría los 1.000 millones. CaixaBank, por su parte, ya ha provisionado 510 millones por este concepto, mientras que Banco Popular se ha apuntado unas dotaciones de 350 millones. Sabadell, que se ha opuesto a la doctrina judicial, nunca ha explicado si ya ha cubierto el potencial agujero.

Los cálculos del daño a la banca son muy dispares. A los entre 5.000 y 7.600 millones que tendría que devolver todo el sistema tomando como referencia el 9 de mayo de 2013, según el Banco de España, habría que sumar el posible castigo que supondría que el Tribunal de Justicia de la Comisión Europea aplicase la retroactividad ‘ad initio’. En ese caso, la cantidad a pagar ascendería a 4.474 millones de euros, según una estimación de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Por si fuera poco, el BCE ha pedido a las entidades afectadas que le detallen cuánto dejarán de ingresar si la decisión del tribunal es definitiva, es decir, el lucro cesante. El mismo informe de AFI señala que solo en 2016 tendrán una reducción de ingresos de 2.160 millones por la no aplicación de estos tipos mínimos, factura que se elevaría hasta los 6.022 millones entre este año y 2019. En total, el castigo ascendería a 11.000 millones incluido este ejercicio y hasta 15.000 millones en los próximos tres años.

La jefa los pone a raya

Gran parte de esta cantidad irá contra las cuentas de BBVA, CaixaBank, Sabadell y Popular, y en menor medida para Bankia, Liberbank e Ibercaja, entre otras. Los cuatro primeros están en pleno examen por parte de los inspectores del BCE, cuya supervisora jefa, Danièle Nouy, estuvo el pasado 23 de mayo en Madrid para reunirse con todos los presidentes de las entidades españolas, a quienes leyó la cartilla por los riesgos a los que aún está sometida la economía española: los países emergentes en los que están presentes y la estrategia fallida de refinanciaciones.

La reunión, instigada por Nouy y preparada a conciencia por el BdE, fue un llamamiento a filas en toda regla. Así lo interpretó el sector, que estuvo representado por sus máximos ejecutivos. La presencia, entre otros, de la presidenta de Banco Santander, Ana Botín; de los presidentes de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri; Banco Sabadell, Josep Oliu; Bankinter, Pedro Guerrero; Banco Popular, Ángel Ron; BMN, Carlos Egea, y Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, y de los consejeros delegados de BBVA, Carlos Torres, y CaixaBank, Gonzalo Gortázar, no deja dudas sobre la envergadura de la convocatoria. Tampoco faltaron José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), y José María Méndez, director general de la CECA.

La presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) exigió a los presentes que se tomaran muy en serio la nueva batería regulatoria, que supone un antes y un después en el sistema financiero. También hizo un llamamiento a la responsabilidad, siguiendo así la doctrina del BdE, que teme que el actual contexto de bajos tipos de interés -e incluso tipos negativos- y baja rentabilidad estimule una concesión irresponsable de créditos que desemboque, con el tiempo, en una nueva crisis para el sector y el conjunto de la economía.

Fuente: El Confidencial

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