01 Sep 2015

Catalá niega la privatización de la Justicia por la reforma

Catalá niega la privatización de la Justicia por la reforma

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, negó ayer cualquier intención de privatización en relación a la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. En concreto, el ministro se refirió, en este sentido, a las nuevas competencias de los secretarios judiciales, los notarios y los registradores, que han asumido prerrogativas que correspondían a los jueces antes de que se aprobara el nuevo texto el pasado 18 de junio. “La norma aumentará las opciones de relación de ciudadanos y empresas con la Justicia”.

Consenso reformista

El ministro apeló al consenso de todos los operadores jurídicos para abordar las reformas pendientes. “Deben afrontarse como una cuestión de Estado”, indicó durante su intervención en la inauguración del curso Una Justicia de futuro de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. “Es necesario continuar con la ruta social emprendida por el Ejecutivo, con sus políticas y reformas estructurales que han conseguido situar de nuevo a España en la senda del crecimiento económico y la recuperación de empleo”, añadió.

Catalá definió la legislatura como “compleja pero muy fructífera” y destacó el esfuerzo del Ministerio de para aprobar los 14 proyectos de ley de la agenda del Departamento. El titular de Justicia insistió en que los que están aún en tramitación “serán aprobados en próximas fechas”.

El ministro recordó que la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, “agilizará los tiempos de respuesta de los tribunales mediante un mejor reparto de las cargas de trabajo y una mayor especialización de los órganos judiciales para temas específicos”. Además, señaló que la nueva normativa “contempla medidas excepcionales para erradicación de la lacra de la violencia de género“.

Aspectos sociales

Rafael Catalá calificó la reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado 1 de julio, como “el aspecto más social de la Justicia”. En este sentido, subrayó la importancia del pacto de Estado suscrito con el Partido Socialista en esta materia.

“Las nuevas tipificaciones han permitido mejoras en la lucha contra el terrorismo y, también, la aplicación de medidas adoptadas para perseguir la corrupción, de manera que este tipo de delitos se castiguen con penas más severas en el ámbito público y condenas a la altura del reproche social que merecen”, apostilló.

El titular del Departamento también se refirió a la futura Ley de Baremos de Accidentes de Circulación, como una reforma de “alcance social innegable”. La nueva norma, que todavía se encuentra en tramitación parlamentaria, “simplificará la tramitación de las indemnizaciones a la vez que eleva a rango de Ley un acuerdo que es fruto del consenso entre las propias aseguradoras y las asociaciones de víctimas de accidentes“, concluyó el ministro.

Catalá firmó ayer el Convenio de colaboración para la reforma de la Administración de Justicia de Cantabria con el consejero de Presidencia de la Comunidad, Rafael de la Sierra. El Gobierno aprobó el pasado 22 de mayo un crédito de 83.949 euros para la Justicia cántabra. El acuerdo, formalizado ayer, destinará la cantidad a la mejora de la asistencia jurídica gratuita, el impulso de las nuevas tecnologías y la implementación de la Oficina Judicial y Fiscal.

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