14 Jul 2015

Abogados reclaman 2 millones al Gobierno por turno oficio

Abogados reclaman 2 millones al Gobierno por turno oficio

El Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife acudirá a los tribunales para que el Ejecutivo canario ingrese a los letrados de asistencia gratuita las cantidades que les detrajo en 2010.

El decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Víctor Medina Fernández-Aceytuno, anunció ayer la presentación de una reclamación de dos millones de euros al Gobierno de Canarias por cantidades adeudadas a los letrados del turno de oficio.

Esta demanda es consecuencia del fallo del Tribunal Supremo en el que, como consecuencia de un recurso del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, fue anulada una orden de 2010 de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad en la que recortó las asignaciones a los abogados que prestan la justicia gratuita en el Archipiélago.

Víctor Medina Fernández-Aceytuno, que presentó los resultados de la memoria de la justicia gratuita de los abogados españoles correspondiente a 2014, anunció que en la demanda se reclama al Gobierno de la Comunidad Autónoma el abono de los pagos adeudados desde 2010 hasta 2012 como consecuencia de esa rebaja, y que el Colegio de Abogados calcula en unos dos millones de euros.

En 2012 fue aprobado otro decreto similar prolongando la rebaja de las tarifas que también ha sido recurrido, pero sobre el que aún no se ha pronunciado el Supremo.

Según cálculos de los abogados de la provincia, cada procedimiento del turno de oficio tiene un coste medio para la Administración de unos 125 euros.

Ese gasto es el que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de cualquier ciudadano que carezca de medios para costearse un abogado y por tanto es un baluarte del estado de derecho, subrayó Víctor Medina.

Los abogados del turno de oficio garantizan la cobertura del servicio las 24 horas del día todos los días del año, y en el caso de Tenerife, 800 letrados de los 2.000 ejercientes están adscritos a este servicio, el 40% del total.

Víctor Medina, que estuvo acompañado en la presentación del IX Observatorio de Justicia Gratuita de los abogados españoles por el vicedecano del Colegio, José Luis Sánchez-Parodi, y por Marlene Martín, presidenta de la comisión del turno de oficio, anunció también la puesta en marcha a partir de este jueves de dos nuevos servicios que prestará la entidad colegial.

Se trata de la asistencia letrada a internos en las prisiones y en los centros de internamiento de extranjeros.

Estos servicios, para los que no se percibe ninguna subvención pública, son prestados por abogados voluntarios que no perciben retribución económica y de momento se han inscrito 40 letrados, informó el decano del Colegio de Abogados.

En cuanto a los datos recogidos en el Observatorio de Justicia Gratuita, Víctor Medina Fernández-Aceytuno indicó que en 2014 hubo 43.000 solicitudes de justicia gratuita en Canarias, de ellas 23.000 correspondientes al Colegio de Abogados de la provincia occidental.

Los expedientes tramitados electrónicamente fueron 35.000, frente a los 30.000 de 2013.

El año pasado, el Ministerio de Justicia recaudó nueve millones de euros en Canarias por el cobro de las tasas judiciales, una medida que ya ha sido revertida.

De los asuntos incluidos en la justicia gratuita en las Islas, el 55% correspondió a casos penales, el 34% a casos civiles y el resto fueron por la jurisdicción social o de lo contencioso.

De los 40.000 expedientes de justicia gratuita tramitados el año pasado en la Comunidad Autónoma, se presentaron 316 quejas por parte de los usuarios, de las que 235 fueron archivadas y quince terminaron con alguna sanción para el letrado.

LAS CLAVES

Una reciente sentencia del Supremo ha anulado la orden del Gobierno de Canarias de 2010 que recortaba las asignaciones a los abogados que trabajan en el turno de oficio.

El Colegio de Abogados de la provincia, que había interpuesto el recurso, anunció cuando se conoció el fallo que exigiría al Ejecutivo el pago de las cantidades que se detrajeron.

La reclamación corresponde a las cantidades no abonadas entre 2010 y 2012, que el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife cifra en unos dos millones de euros.

Los letrados han recurrido otra normativa, un decreto emitido por el Gobierno autonómico en 2012 para prolongar el recorte fijado en la primera orden, por lo que la cifra podría ser mayor.

Fuente: El Día

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