02 Jun 2015

En entredicho reforma Código Penal

En entredicho reforma Código Penal

El ex Fiscal General del Estado considera que es “del todo insostenible” lo que se está haciendo con el texto legal y ha censurado que en la reforma se haya consolidado la “desaparición del principio de intervención mínima en sustitución del principio de intervención máxima”.

Reforma Código Penal

“Tengo que denunciar públicamente la situación de nuestro Código Penal”. Con estas palabras, el ex Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ponía en entredicho ayer las continuas reformas que se han acometido sobre el texto, y especialmente la última de ellas, que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

En su opinión, los legisladores ignoran con frecuencia la realidad social, como en este caso en el que muchas de las modificaciones se hacen desde una perspectiva meramente académica.

En una mesa redonda organizada en el marco de la entrega del XXIX Premio La Ley, que entrega Wolters Kluwer, Torres-Dulce, que actualmente es fiscal ante el Tribunal Constitucional, señaló que muchas de las modificaciones introducidas en el texto legal son “demasiado doctrinarias” y se han hecho “sin una reflexión sobre el hábitat penal”, por lo que auguró que provocarán “un desbarajuste”.

Delitos imputables a Empresas

Además mantuvo que, con frecuencia, los cambios que ha introducido la reforma no responden a “una verdadera necesidad”, como es el caso de la imputabilidad de las personas jurídicas, tema en el que incidió de manera especial. A su juicio, la nueva regulación provocará un “caos interpretativo” por su “sistemática carencia de coherencia” y por la insistencia del legislador de regular “asuntos extravagantes”.

Respecto a los programas de cumplimiento normativo, criticó que el legislador hubiera tratado de regular hasta el último extremo, llegando incluso a decir a las empresas cómo debe ser su organización interna. “Tenemos aquí una transferencia de aspectos meramente mercantiles a la órbita del Código Penal”, lamentó.

En la mesa redonda, que fue moderada por el notario Luis Jorquera, también participó como ponente Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que centró su exposición en la reforma del delito de malversación de caudales públicos, cuya regulación actual era “manifiestamente mejorable” y necesitada de revisión, destacando que tras la reforma su tipificación peca de “excesiva indeterminación”. Marchena advirtió que “la administración desleal respecto a los fondos privados, se parece a la de fondos públicos, pero no es lo mismo”.

Peligro constante

También intervino Adolfo Prego, abogado y exmagistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, quien, tras lamentar que el ciudadano vive en “un permanente peligro ante la amenaza del Estado” por “los vaivenes del principio de legalidad” que suponen las sucesivas reformas del Código Penal, reconoció a esta última reforma aspectos positivos, como las precisiones introducidas en torno a los delitos de administración desleal y apropiación indebida, sobre los que centró su intervención: “La reforma sobre este aspecto permite crear certeza y seguridad jurídica, y sobre todo tengo la satisfacción de que por fin el legislador atina siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.

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