19 May 2015

Empresarios exigen medidas legales contra fraude

Empresarios exigen medidas legales contra fraude

Cerca del 60% de los directivos piensa que para luchar contra la corrupción y recuperar los daños resultantes de cualquier fraude habría que apostar por la congelación y localización de los activos.

El fraude un gran problema

El 69% de los directivos españoles cree que las autoridades deberían tomar más medidas legales para recuperar los daños resultantes del fraude o prácticas empresariales corruptas en nuestro país. Este alto porcentaje, que se desprende de un informe elaborado por EY en 38 países, viene acompañado por otro resultado sorprendente: el 69% de estos empresarios percibe que en el entorno de los negocios, el soborno y la corrupción es un hecho generalizado. Esta cifra duplica la media de los países de Europa Occidental, donde sólo el 35% estima que este tipo de acción delictiva sea el modus operandi habitual.

Para acabar con esta suerte de impunidad frente al fraude, el soborno y la corrupción, el 58% de los empresarios encuestados apuesta por la congelación y localización de los activos como uno de los sistemas más eficaces. En cuanto a los mecanismos de prevención que las autoridades deberían poner en marcha, el 65% asegura que es necesario perseguir penalmente a los directivos que no hayan actuado con la diligencia debida en sus empresas y el 53% piensa que se tendrían que imponer fuertes multas a las compañías que no hayan aplicado un programa de lucha contra la corrupción.

El 46% cree que habría que aplicar estas sanciones económicas directamente a los directivos que no hayan hecho uso de este tipo de programa. Por último, un 44% afirma que se deberían imponer revisiones obligatorias de los programas de lucha contra el fraude.

Por el buen camino

Ricardo Noreña, socio responsable del área de auditoría forense de EY, está convencido de que “la sociedad condena cada vez más este tipo de comportamientos y nuestras instituciones empiezan a estrechar el círculo en torno a los autores de estas actividades, mediante el impulso de una regulación más restrictiva, buscando responsables penales e incrementando las sanciones”.

En este sentido, el letrado asegura que el nuevo Código Penal -que entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2015-, así como los cambios realizados en esta norma en 2010 van por la senda adecuada para acabar con el fraude y la corrupción empresarial, “aunque es evidente que todavía queda mucho camino por recorrer”. Noreña, que asegura que ya hay muchos de estos casos que están en los tribunales aunque todavía se encuentran en proceso de instrucción, está convencido de que el gran reto de los próximos años reside en conseguir una mayor rapidez en los procedimientos judiciales y que se lleven a cabo las actuaciones oportunas para que siempre se pueda recuperar el dinero defraudado. “Si no se dan estos pasos, la percepción que va a seguir existiendo será de impunidad. En delitos con amplia repercusión social y con cuantías importantes, la sensación que hay es que éstos salen baratos”, añade.

Otro de los datos alarmantes del informe ¿Son el fraude y la corrupción la opción fácil para crecer? es que más de la mitad de los directivos españoles encuestados (56%) acepta como un “error justificable” que las compañías maquillen su información financiera. Entre el resto de prácticas deshonestas, y realizadas de manera habitual, un 36% disculpa que se negocien descuentos retroactivos con los proveedores y un 14% entiende que las empresas soliciten a éstos retrasos en la facturación.

El uso del soborno para cerrar negocios es otro de los asuntos que el 46% de los empresarios encuestados excusa, porque en muchas ocasiones puede contribuir a la supervivencia de la compañía. En esta línea, los métodos más habituales son los regalos personales (34%), los regalos relacionados con el ocio (31%) y los pagos en metálico (16%).

España y el mundo

En un sentido más amplio, y a modo de comparativa, el estudio de EY también refleja que España ocupa el puesto decimotercero, de un total de 38, entre los que sus directivos perciben comportamientos poco éticos en el mundo de los negocios, con un 69%.

Con este porcentaje, nuestro país es el segundo estado de la Unión Europea, junto con Grecia, en cuanto a percepción generalizada de corrupción. En primer lugar se sitúa Portugal, con un resultado del 82%, y en el otro lado de la balanza se encuentra Dinamarca, con un 4%. Sin embargo, el país donde existe una mayor sensación de impunidad respecto a la corrupción es Croacia, con un sorprendente 92%.

Los datos más llamativos

  • 69 %. La percepción de que el soborno y la corrupción se han generalizado a la hora de hacer negocios ha crecido un 4% en los dos últimos años. Según el informe, la cifra en 2015 alcanza el 69%, en España cuando en 2013 era de 65%. La media de Europa Occidental es del 35%.
  • 64%. Los directivos de las compañías españolas creen mayoritariamente (64%) que tanto la lucha como la regulación nacional contra el fraude, la corrupción y el soborno se ha fortalecido en los últimos dos años.
  • 48%. Las empresas tienen un amplio margen de mejora para fortalecer la ética en la cultura de empresa. Menos de la mitad de los directivos, un 48%, reconoce que la alta dirección comunica su compromiso con las políticas antifraude y anticorrupción.
  • 46%. Menos de la mitad de los encuestados tiene claras las penalizaciones derivadas del soborno. Por lo que se refiere a los canales de denuncia, casi 3 de cada 10 dice no tenerlo en sus empresas, frente a 1 de cada 10 en el resultado de Europa Occidental.

Fuente: Expansión

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